Por Fernando Huamán Flores
Por Julio Talledo. 02 agosto, 2012.En nuestra democracia ninguna autoridad gobierna de espaldas a la opinión pública. La percepción de los ciudadanos no es un indicador menor en las decisiones políticas, sino una variable que, en muchos casos, se convierte en pilar para la gobernabilidad y la licencia social. De esto también se han percatado los intereses particulares, quienes, estratégicamente, buscan revestir sus preocupaciones bajo la manta del ‘interés público’, mostrándose como los representantes autorizados de un sector sin realmente serlo. Para advertir esto último, el gobierno debe aprender a leer las percepciones sociales en su real dimensión, y no caer en la legitimización de un reclamo generado por los maquilladores del espacio público.
Es en este contexto que la ministra de educación debe tomar con cuidado la presión del Sutep y no suponer, como punto de partida, que sus dirigentes canalizan de modo legítimo y representativo el sentir de los maestros. Si, por ejemplo, una madre sale en televisión a pedir leche para su niño, ella está realizando un reclamo legítimo, porque le corresponde velar por su hijo; no obstante, sabemos que no representa a todas las madres del país (se trataría de un reclamo legítimo pero no representativo). Del Sutep podríamos decir que son los legítimos defensores de los maestros –bajo el supuesto que buscan mejorar la educación–; sin embargo, por su naturaleza sindical, también deben ser, representativamente, la voz del magisterio. Un sindicato que carece del apoyo mayoritario de su sector camina hacia la deslegitimación y las autoridades deberían saberlo.
En ese sentido, existen indicadores objetivos que corroboran que el Sutep carece de legitimidad para presionar al gobierno en temas de reforma educativa. Este año la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura presentó un informe regional de opinión pública donde, preguntándole a los propios maestros, se obtuvieron los siguientes datos: un 61% considera que, en alguna medida, el sindicato impide el avance de la educación; el 60% piensa que los dirigentes solo buscan protagonismo; y un contundente 80% cree que el Sutep subordina intereses gremiales a políticos.
Por el contrario, sorprendiendo a la opinión pública, el mismo estudio arrojó que los docentes aprueban la Carrera Pública Magisterial: un 77% considera que es una buena apuesta por la meritocracia y un 80% cree que es un beneficio para todos los sectores de la educación, redundando básicamente en un justo incremento de salarios. En este escenario los profesores, además, se muestran optimistas con el futuro de la educación: el 61% cree que ésta mejorará en los próximos 10 años. Con todos estos datos resulta sorprendente la anulación de la CPM y la sobrevaloración del Sutep como vocero oficial de los maestros. Se olvida que el número de profesores sindicalizados es mínimo y que, según este estudio, sus dirigentes viven en una burbuja.
La autoridades deben medir bien el clima social, de lo contario, se convertirán en las marionetas de ilegítimos grupos de presión. La ministra Salas debe buscar argumentos sólidos para modificar la ley de la Carrera pública Magisterial, más no la presión política y los argumentos de un sindicato que, por su baja representatividad, camina paulatinamente hacia la ilegitimidad. Si el camino para la “Ley de Carrera Docente” responde a criterios técnicos, bienvenida sea. Por el contrario, si la anulación de la CPM responde a la presión política del Sutep, no se habrá hecho otra cosa que tomar en serio a un espejismo. Se habrá dialogado con un elefante blanco.
Docente.
Facultad de Comunicación.
Universidad de Piura.
Artículo publicado en el diario Correo, jueves 2 de agosto de 2012.
